CCOO rechazó en su momento la exclusión del sistema sanitario de las personas que, habiendo emigrado, permaneciesen más de tres meses en el extranjero. Esta exclusión se produjo con la Ley 22/2013 de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2014. Con ello el Gobierno volvía a quebrar el principio de universalidad de acceso al sistema, que ya rompiera con el Real Decreto 16/2012, mediante el cual expulsó a más de ochocientos mil trabajadores inmigrantes de la sanidad.
La expulsión del Sistema Sanitario de los emigrados españoles en el extranjero, a partir de la Ley 22/2013, ha tenido lugar justo en el momento en que decenas de miles de personas abandonan cada año nuestro país, tras haber perdido la esperanza de encontrar un empleo digno o simplemente un empleo. Esta medida, que cercena el derecho a la salud, viene provocando que muchos de estos trabajadores y trabajadoras eviten –o retrasen–darse de alta en los diversos Consulados para sortear la pérdida de cobertura de la Seguridad Social española en caso de caer enfermos. Debe tenerse en cuenta que una situación de desempleo superior a 90 días puede dejar al trabajador o trabajadora sin cobertura sanitaria tanto en el país de acogida como en España.
Ahora, recién estrenada la nueva legislatura, el pasado jueves 24 de noviembre la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley (PNL) instando al Gobierno a que mantenga la