La movilización social obliga al
Gobierno a ‘retocar’ las pensiones con medidas de coyuntura muy insuficientes
CCOO considera que la
movilización social, encarnada recientemente por la masiva movilización
feminista del 8-M y los paros generales convocados por CCOO y UGT, y las
movilizaciones en defensa de las pensiones públicas, han forzado al Gobierno a
reaccionar con algunos gestos, muy insuficientes, en el Proyecto de
Presupuestos para 2018. Para CCOO se trata en su mayoría de medidas coyunturales,
a aplicar solo en este ejercicio, que no abordan la resolución de los
verdaderos problemas a los que se enfrenta nuestro país, como la
revalorización, suficiencia y sostenibilidad de las pensiones; garantizar
prestaciones de desempleo y un trabajo digno a los casi 4 millones de
parados; medidas de igualdad efectiva
que resuelvan la brecha de género; o la urgencia de contar con un sistema
fiscal justo y suficiente que garantice la necesaria capacidad de intervención
pública y el mantenimiento del Estado de Bienestar frente a la amenaza
permanente de recortes.
CCOO ha realizado esta mañana una primera valoración del
Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 aprobado por el Consejo
de Ministros.
Es evidente que, como reacción a una movilización social
creciente que ha cristalizado en el 8-M y en defensa de las pensiones, el
Gobierno se ha visto forzado a reaccionar e intenta presentar medidas de
aparente corrección de sus políticas en los últimos años. Sin embargo, para CCOO
se trata de un proyecto de presupuestos mal enfocado, que se limita a presentar
medidas coyunturales, las más relevantes, con efectos en 2018, no abordan el
fondo de los problemas a los que se enfrenta nuestro país.
La
revalorización de pensiones mantiene congeladas un tercio de las mismas, da un
tratamiento distinto por niveles de pensión, debilitando la relación de
contributividad del Sistema e incorpora medidas fiscales en materia de
Seguridad Social, que no ha debatido en el marco del Pacto de Toledo.
Finalmente los Presupuestos olvidan la necesidad de reforzar la estructura de
ingresos de la Seguridad Social.
El gobierno ha anunciado la revalorización en un 3% de las
pensiones mínimas y no contributivas, del 1,5% las pensiones superiores a estas
y hasta 700 € mensuales; el 1% entre 700 y 860 € mensuales y el resto,
mantendrán la subida del 0,25% que se deriva del vigente Índice de
Revalorización de Pensiones.
Ha anunciado también un incremento de la Base Reguladora
de las pensiones de viudedad, del 52 al 54% en 2018. La afectación a 500.000
personas que ha anunciado el Gobierno, parece indicar que el criterio de
inclusión sobre las 2.357.000 pensiones de viudedad es limitado ( si sumamos
las que acceden a complementos a mínimos, el incremento previsible afectará a
la mitad de estas pensiones). Es preciso recordar que en la reforma de
pensiones de 2011, acordada entre los interlocutores sociales, el Gobierno
anterior y una mayoría parlamentaria en la que no estaba el PP, se preveía el
incremento al 60% de estas pensiones, compromiso incumplido hasta le fecha.
Finalmente, anuncia medidas fiscales, imprecisas en la
rueda de prensa de presentación del proyecto de Presupuestos, a través de la
elevación del mínimo exento o reducción de obligaciones fiscales para rentas
inferiores a 18.000 €. Su análisis y valoración deberán esperar a conocer el
alcance y concreción de estas medidas.
De ese elenco deduce el Gobierno que mantendrá o mejorará
su renta real disponible, hasta 6,75 millones de personas, de los actuales casi
10 millones de pensionistas (10.600.000 pensiones si sumamos las pensiones
contributivas, no contributivas y de clases pasivas) El tercio restante,
mantendrán su pensión con el incremento del 0,25% en 2018 y todos ellos, si no
se corrige nuevamente, tendrán esa subida a partir de 2019.
Se trata de medidas parciales y limitadas en el tiempo,
resultado evidente del proceso de movilizaciones crecientes y la alta
sensibilidad social en esta materia, que no corrigen la reforma de pensiones de
2013 y cuyos efectos futuros no están garantizados o, en el mejor de los casos,
tendrán un impacto muy limitado.
CCOO recuerda en este sentido que la pensión media que se
mantendrá congelada en el 0,25% asciende a 933 euros mensuales y la pensión
media de jubilación actualmente se limita a 1.079 euros/mes. Para CCOO, a la
hora de garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de los más de 9,5
millones de pensiones no basta con anunciar subidas parciales de año en año,
sino que es imprescindible aprobar una nueva fórmula de revalorización que
garantice por ley el mantenimiento del poder adquisitivo.
CCOO denuncia por último que los Presupuestos se centren
en estas medidas parciales y coyunturales, y olviden que la clave de la
suficiencia y la sostenibilidad del sistema público de pensiones está en la
puesta en marcha de medidas concretas que garanticen ahora la mejora de
ingresos que haga posible financiar más y mejores pensiones. En este sentido,
vuelve a reclamar la convocatoria del Pacto de Toledo para que apruebe una
batería de medidas que garanticen las pensiones públicas actuales y futuras.
Eso debería permitir recuperar la senda del necesario
Pacto de Estado que debe regir las actuaciones a corto, medio y largo plazo, sobre
el sistema de pensiones, basado en el consenso político y el acuerdo con los
interlocutores sociales.
La
bajada de impuestos no soluciona el empobrecimiento que sufren las clases
medias y bajas.
Para CCOO llama la atención que las únicas recetas que PP
y Ciudadanos han sido capaces de acordar para resolver los problemas de
suficiencia de las pensiones y los salarios más bajos sea anunciar una bajada de impuestos.
No se anuncia medida alguna complementaria que permita
mejorar la recaudación fiscal, reduciendo el fraude y la elusión de obligaciones
fiscales, con el objetivo de equiparar los ingresos públicos en España a los
existentes en la Eurozona y garantizar la sostenibilidad del Estado de
Bienestar evitando el riesgo permanente de recurrir a recortes sociales.
La garantía del Estado de Bienestar para todos los
ciudadanos precisa un sistema fiscal justo y suficiente, en lugar de recurrir
sistemáticamente a la receta de anunciar rebajas fiscales como solución para
los problemas de acceso que las rentas medias y bajas presentan a determinados estándares
de bienestar.
La verdadera garantía de bienestar de las clases medias y
trabajadoras, está en garantizar salarios y pensiones dignas, y no en bajar los
impuestos a quienes se han visto empobrecidos por la crisis y los recortes,
intentando justificar con ello la ausencia de necesarias medidas fiscales para
evitar que otras rentas, más elevadas, eludan, como hoy hacen incluso
legalmente, sus obligaciones fiscales.
Además, CCOO plantea abiertamente la necesidad de analizar
de forma rigurosa el texto articulado definitivo en el que se concreten las
medidas de rebaja fiscal anunciadas hoy, principalmente el impuesto negativo
sobre la renta y la rebaja fiscal generalizada para rentas inferiores a 18.000
euros anuales. Ya que, dependiendo de la concreción técnica que se le dé
finalmente, la medida podría concentrar sus efectos sobre las rentas más bajas
o tener un “efecto arrastre” también sobre las rentas más altas, derivado, por
ejemplo, de los diferentes efectos que tendría actuar sobre el mínimo exento,
la base imponible, el tipo del impuesto, u otros factores.
Las
medidas de conciliación son bienvenidas pero parciales y no aspiran a acabar
con la brecha de género.
La ampliación del permiso y prestación por paternidad de 4 a 5 semanas es una buena noticia
que saludamos desde CCOO, pero que, sin embargo, queda muy lejos de la plena
equiparación con la prestación de maternidad (16 semanas) que venimos
reclamando desde hace tiempo.
No obstante, incorporar esta medida en el Proyecto de Ley
de Presupuestos diluye el debate más global sobre medidas para alcanzar la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
No es posible avanzar de forma efectiva en la eliminación
de la brecha de género si no se garantiza antes un marco equiparable de
derechos y obligaciones entre hombres y mujeres, donde el mismo salario tiene
un papel fundamental, pero también el conjunto de prestaciones sociales que
tienen como objetivo sustituir dicho salario en las situaciones como la
maternidad y paternidad.
Lo mismo cabe decir de la efectividad que puede llegar a
tener una figura como el impuesto negativo para personas con hijos menores de 3
años. Una figura que si bien puede llegar a tener algún efecto, éste será
necesariamente limitado, y en ningún caso se busca con ello atajar los verdaderos
problemas que las familias tienen a la hora de la conciliación de la vida
personal y profesional (salarios, permisos, red pública de servicios, etc.) y
que siguen condenando a la mujer a un rol de cuidadora antes que de trabajadora
en igualdad con el hombre.
El
Gobierno olvida a los 4 millones de parados, renuncia a protegerlos y crear
empleo.
Finalmente, CCOO ha señalado su preocupación por la
ausencia que en los Presupuestos tienen todas las cuestiones relacionadas con
los casi 4 millones de desempleados, más de la mitad de ellos de larga
duración, que todavía hay en nuestro país.
Lejos de utilizar la etapa de crecimiento económico que se
ha abierto, las cuentas públicas parecen haber abandonado a su suerte a las
personas en paro, sin que se haya incluido un apunte presupuestario para la
puesta en marcha de la Prestación de Ingresos Mínimos que se encuentra en fase
de tramitación parlamentaria, ni tampoco para la puesta en marcha de un
Programa de Choque para el empleo que facilite el acceso al trabajo de estas
personas en situación de paro de larga o muy larga duración.
