CCOO y UGT no están negociando con el Gobierno ninguna reforma laboral,
por lo que desmienten las informaciones que apuntan en esa dirección. El
Plan Presupuestario 2018, enviado por el Gobierno a Bruselas el pasado
lunes, incluye algunas medidas de carácter laboral que no están siendo
negociadas con los interlocutores sociales. UGT y CCOO recibieron del
Ministerio de Empleo, en el mes de septiembre, un listado de materias
que todavía no se han abordado.
La ministra Báñez, a petición de los interlocutores sociales, planteó
un listado de materias con propuestas para las mesas de diálogo social
abiertas que aún no se han convocado. Por tanto, no hay negociación en
marcha y ambos sindicatos mantenemos nuestra exigencia de
derogar las
reformas laborales de 2010 y 2012 para restablecer el equilibrio roto en
el sistema de relaciones laborales, y a partir del cual retomar la
recuperación de derechos en nuestro marco laboral y derogar y modificar
los aspectos lesivos de las anteriores reformas. En especial, es
necesario acabar con la dinámica de la precariedad, estableciendo otros
parámetros de estabilidad en el empleo y acabando con el despido barato y
libre.
El mercado de trabajo se encuentra en una situación de desprotección
que hay que atajar porque el 14% de las personas con empleo están por
debajo del umbral de la pobreza y casi una tercera parte (32,6 %) de la
población pobre, en edad de trabajar, lo continúa siendo a pesar de
tener un empleo remunerado. Además, con una temporalidad cercana al 30%,
España es el segundo país de la UE con una tasa más elevada de
temporalidad.
Por tanto, para CCOO y UGT es imprescindible negociar medidas que
fomenten la contratación indefinida y penalicen y persigan la
contratación temporal sin causa.
En este sentido, medidas como el contrato temporal con indemnización
creciente, incluida en el Plan Presupuestario, no es sino una modalidad
del contrato único descausalizado, que no tiene cabida en nuestro
derecho laboral, y que las propias instituciones de la UE habían
abandonado.
La situación actual es de incumplimiento legal masivo por parte de
las empresas, pero la solución no es cambiar la ley al antojo de las
empresas defraudadoras, sino impedir el fraude mediante nuevos
mecanismos legales, por lo que una forma de ponerle coto a la
temporalidad fraudulenta es por un lado incrementar la indemnización de
los temporales legales –lo que exige un incremento de cotizaciones para
los contratos temporales- y un control real y exhaustivo de la
temporalidad por parte de la Inspección de Trabajo.
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