
El Gobierno que no amaba a los inmigrantes
Centros
de acogida a las personas refugiadas sin la plantilla necesaria,
comedores sin comida o sin el personal de cocina
mínimo, privatización de servicios que nunca debieron realizarse además
de estar mal ejecutadas, explotación de las plantillas en las empresas
subcontratadas, problemas de limpieza básica en los centros, peligros de
enfermedades infecto-contagiosas y de plagas.
Eso es lo que podemos encontrar en los
centros de inmigrantes
gestionados desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Mucha
miseria, poca sensibilidad con la población inmigrante y una
sorprendente habilidad para obtener financiación desde los Fondos
Europeos que no se traduce en ninguna mejora del servicio.
Ha
sido una constante en esta legislatura, al gobierno del PP no le ha
preocupado ni se ha preocupado por la población inmigrante,
tanto le da si son refugiados como si han venido a este país en los
tiempos de las vacas gordas y han terminado siendo beneficiarios/as de
una herencia de dudoso valor tanto en lo que se refiere a la precariedad
en el empleo como a las condiciones de trabajo.
Pero
nos centramos en las personas refugiadas, una situación especialmente
sensible y de la que desgraciadamente no podemos huir
a la hora de valorar los servicios que deben asegurarse desde la
Administración general del Estado. El Ministerio de Empleo tiene cuatro
centros de atención a los refugiados, uno en Mislata (Valencia), otro en
Sevilla, otro en Vallecas y por último uno en
Alcobendas.
Examinar la situación de uno de ellos nos da la pauta del resto. Por ello vamos a examinar la situación del CAR de Alcobendas
y ver los despropósitos que afectan al mismo y los riesgos que ello conlleva.
La
falta de plantilla del centro de trabajo está cuestionando el
funcionamiento del mismo. Solo cuenta con dos cocineros/as.
Se ha jubilado el otro efectivo y nadie parece capaz en el Ministerio
de conseguir la autorización para contratar a uno. No importa que las 80
personas alojadas queden sin manutención. Las cuestiones burocráticas
tienen mayor prioridad que garantizar unas
condiciones de mínima dignidad humana en el centro. De momento se salva
la situación por la buena disposición de parte de la plantilla,
personas que sin ser cocineras están cocinando, personas que lo hacen
gratis, pero sin que por ello deje de ser palpable
el deterioro del servicio a la población alojada.
En
el apartado de limpieza del centro de trabajo la situación es peor si
cabe. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social directamente
ha privatizado parte del servicio. Es la solución que siempre ha
utilizado este Gobierno. Publica un concurso y bingo se lo lleva
Ferronol Facility Service S.L. por el módico precio de 66.416,90 euros.
La empresa está ubicada en Huelva y para el Car de Alcobendas
contrata a personal con discapacidad al que luego parece no poder
pagar, en los últimos meses de servicio ya se han ido seis personas por
no cobrar. Indudablemente las condiciones de limpieza del centro también
se resienten y el servicio que reciben las personas
alojadas no es inmune a ello.
Si
nos centramos en lo que afecta a la salud, a las cuestiones básicas de
prevención, tampoco encontramos la más mínima sensibilidad.
Se dan brotes de enfermedades infecto-contagiosas que no son
comunicados a la plantilla, se soportan plagas de insectos, la última de
chinches, sin que se adopten las medidas adecuadas en cada caso.
Mientras
alguien en un despacho del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
deshoja la margarita de las posibles actuaciones,
los inmigrantes en el centro de Alcobendas no están rodeados de
porquería y no comen algo muy alejado de lo anterior por el
sobreesfuerzo de la plantilla, aunque siempre los menús queden
resentidos en calidad y elaboración. Mientras alguien en el Ministerio
de Empleo duda sobre lo que debiera hacer se sigue permitiendo la
explotación de ciertos colectivos de trabajadores/as por empresas
oportunistas y se sigue mirando por otro lado sin que se pueda entender
que es lo que se pretende proteger.
Como
remate, la Secretaría General de Inmigración y Emigración de este
Ministerio, no tiene mejor ocurrencia que financiar con
cargo a los fondo europeos, en concreto con cargo al Fondo de Asilo,
Migración e Integración (FAMI), el grueso del coste de la nómina de la
plantilla de estos centros, una subvención que va a cubrir dicho
concepto desde el 1 de enero de 2014 y que difícilmente
puede asumirse como una decisión que quepa justificar dentro de los
objetivos específicos de un unos fondos que pretenden reforzar la
situación previa existente en la atención a las personas refugiadas.
Con ello el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Gobierno consigue la cuadratura del círculo: Un servicio lamentable a
coste reducido y cumpliendo objetivos comprometidos en Europa que no se traducen en nada tangible para la población refugiada.
Desde
CC.OO. venimos insistiendo en los últimos tres años en la necesidad de
arbitrar soluciones definitivas a los graves déficits
que se manifiestan tanto en los CAR (Centros de Acogida de Refugiados)
como en los CETI (centros de Estancia Temporal de Inmigrantes) tanto en
lo que afecta a medios humanos y materiales. Pocos avances ha sido
posible concretar a pesar de las espeluznantes
cifras que se manejan y los despropósitos de este Ministerio están
llegando a un punto intolerable.
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